El modelo educativo propuesto no se corresponde con un ejercicio
de gobierno centralizado y vertical, por lo que la gobernanza efectiva del
sistema educativo debe partir de la escuela hasta alcanzar los más altos
niveles jerárquicos y alimentarse por valores éticos, jurídicos y políticos.
Los principales valores son el respeto, la confianza, la honestidad y la
responsabilidad, y la división de responsabilidades debe compartirse entre
docentes, directivos, padres de familia y supervisores. Por ello, los
mecanismos de seguimiento con los distintos actores deben asegurar la eficacia
del quehacer educativo. Como ejemplo, las evaluaciones previstas en la
normatividad deben servir para conocer el rendimiento de las escuelas, las
causas limitantes de los alcances esperados y las medidas a tomar para corregir
deficiencias y errores, así como mejorar sus prácticas.
Por otro lado, en este modelo educativo la
gobernanza implica que los actores involucrados en el proceso (INEE, SEP,
autoridades educativas estatales, Consejos Técnicos Escolares, padres de
familia en sus Consejos Escolares de Participación Social, CONAPASE sociedad civil, SNTE y Poder
Legislativo), tengan responsabilidades definidas y existan mecanismos institucionales
de coordinación eficaces, a partir de compartir propósitos y metas comunes y de
considerar la cooperación como la base para obtener mejores resultados
educativos. Por ejemplo, el INEE con su responsabilidad de evaluar la calidad,
el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional y el CONAPASE como
un espacio deliberativo de las autoridades educativas, padres de
familia
y representantes de la sociedad civil.
En este apartado del documento se hace
explícito que: “El modelo educativo fortalece a la educación pública y promueve
el que los padres de familia participen en la escuela para contribuir a mejorar
la educación de sus hijos, sin que ello implique que deban hacer pago
obligatorio alguno”.
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